A lo largo de 2025, volvió a cobrar fuerza en el país el debate en torno al desarrollo de la actividad uranífera local. Sin embargo, aún se habla poco sobre las capacidades técnicas, productivas, logísticas y financieras que posee el país para aprovechar un recurso que, en el contexto geopolítico actual, se vuelve cada vez más estratégico. Frente a este escenario cabe preguntarse si la Argentina puede extraer uranio y con qué objetivo.

Qué son los recursos de uranio

Antes de hablar de los recursos uraníferos del país es necesario aclarar que el término recursosengloba distintas categorías que reflejan tanto el grado de conocimiento geológico como la viabilidad económica de su extracción.

En base a esto, según la Agencia de Energía Nuclear (NEA, por sus siglas en inglés), los recursos identificados comprenden los depósitos cuya existencia ha sido demostrada mediante estudios geológicos; dentro de estos encontramos los recursos razonablemente asegurados con mayor grado de certeza y los recursos inferidos con menor grado de certeza. Estos se expresan en función de su costo de recuperación, que representa la fracción que puede extraerse de manera técnica y económicamente viable con las tecnologías actuales a distintos umbrales de costo (por ejemplo, menores de 40, 80, 130 o 260 USD por kilogramo de uranio).

Por su parte, los recursos no descubiertos comprendenaquellos que potencialmente podrían existir, pero que aún no han sido identificados o cuantificados con precisión. 

Recursos en la Argentina

Según los datos suministrados por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) al año 2024, la Argentina cuenta con ≈33.650 toneladas de uranio (tU) clasificadas como recursos identificados y recuperables a un costo de producción menor a 130 USD/kg de uranio. 

Sin embargo, a pesar de disponer de estos recursos, el país desde hace 30 años importa el uranio necesario para cubrir la demanda local, que equivale a unas ≈230 tU por año, para fabricar el combustible de sus centrales nucleoeléctricas (Atucha I, Atucha II y Embalse). 

La decisión de no continuar con la explotación local de uranio se consolidó en la década de 1990, cuando, en un contexto de reformas económicas orientadas a la reducción de costos, la Argentina optó por discontinuar los proyectos mineros y cubrir con importaciones su demanda. A la caída de los precios tras el accidente de Chernóbil se sumó el impacto del programa Megatons to Megawatts, que volcó grandes volúmenes de uranio de origen militar al mercado internacional, manteniendo los valores deprimidos. Este escenario global hizo que resultara más económico adquirir el recurso en el exterior que sostener la producción local, lo que derivó en un declive progresivo de la actividad minera local hasta su cese total en 1997.  

Por otra parte, respecto a los recursos no descubiertos, es importante aclarar que esta condición -su no identificación- no implica su inexistencia, sino la falta de estudios geológicos y metalogénicos suficientes para confirmar su magnitud y viabilidad económica. Por lo tanto, en lo que respecta a Argentina, algunas fuentes estiman que puede haber unas 80.000 tU de ese tipo de recursos.

Argentina y las posibilidades del mercado

Si bien Argentina dispone de recursos identificados, su volumen está lejos de competir con el de los principales países con reservas de uranio. El ranking mundial es encabezado por Australia, que se desmarca ampliamente del resto con cerca de 1,7 millones de tU. Le siguen Kazajistán(principal productor) con alrededor de 800 mil tU y Canadácon 600 mil tU. Otros países con importantes recursos son Rusia, Namibia y Sudáfrica.

En el contexto regional, según los datos del Red Book 2024, Brasil cuenta con unas ≈167.000 tU, es decir, un orden de magnitud superior a los recursos identificados en Argentina. Esta diferencia hace que, al menos en términos de volumen de reservas, Argentina no tenga lugar entre los actores de mayor peso a nivel mundial.

De aquí que, si se suman los recursos identificados y los no descubiertos, en términos cuantitativos las reservas uraníferas nacionales pueden considerarse marginales dentro del contexto mundial. Entonces, si en el plano internacional Argentina apenas mueve la aguja en materia de recursos de uranio, es preciso preguntarse si despierta el interés de actores internacionales por el desarrollo del sector y por disponer de dichos recursos. En particular, cabe preguntarse sobre el papel de Estados Unidos, y si este país busca desempeñar un importante rol como inversor, traccionando el desarrollo local, o más bien como comprador estratégico interesado en asegurar pequeñas reservas mundiales que contribuyan temporalmente a diversificar su abastecimiento.

Por otro lado, en el ámbito local no existen, por el momento, proyecciones consistentes sobre la evolución futura de la demanda de uranio. Si nos basamos en los datos actuales, el país requiere de aproximadamente 230 tU por año para el funcionamiento de sus centrales nucleares. Así, el costo ponderado promedio del uranio natural importado, incluyendo transporte, seguros e impuestos, se ubica en el rango de USD 200 por kilogramo de uranio, lo que representa un desembolso anual de más de 40 millones de USD.

Desarrollo de un proyecto de uranio: plazos globales y realidad argentina

El desarrollo de un proyecto minero de uranio, desde el descubrimiento hasta la puesta en producción, puede llevar entre 10 y 20 años, dependiendo de múltiples factores como aspectos geológicos, el marco regulatorio, la infraestructura del país y el método de extracción (mina a cielo abierto, subterránea, lixiviación in-situ). Entre las etapas principales del desarrollo minero se encuentran la exploración, las estimaciones técnicas del recurso, los estudios de pre-factibilidad, permisos medioambientales, sociales y regulatorios, ingeniería de mina y planta de concentración, construcción de la mina, infraestructuras auxiliares, puesta en marcha y transición a producción comercial.

Si todos los factores están alineados, el desarrollo puede acelerarse, pero los plazos siguen siendo largos. Para países con marcos regulatorios exigentes, insolvencias legislativas o disputas políticas, la fase de permisos puede representar una parte importante del tiempo total. En Argentina, estos plazos tienden a ser más extensos debido a la intermitencia en las políticas mineras, la falta de inversión continua en exploración y la incertidumbre normativa asociada a las restricciones provinciales.

Los costos de un proyecto de uranio varían significativamente según el método de extracción y la calidad del yacimiento. Las operaciones basadas en lixiviación in situ (ISL) suelen requerir inversiones iniciales menores y una infraestructura más acotada, mientras que los proyectos a cielo abierto o subterráneos, que implican plantas de procesamiento y mayores tareas de remoción y tratamiento, tienden a presentar costos más elevados. La eficiencia del proceso, la ley del mineral y la recuperación efectiva influyen de manera decisiva en la viabilidad económica de cada proyecto. A ello se suman los costos operativos, ambientales y regulatorios, que elevan la inversión total a cientos de millones de dólares. En Argentina, hasta el momento no se ha implementado la técnica ISL de manera industrial, limitándose las experiencias nacionales a métodos convencionales de minería a cielo abierto o subterránea.

A los desafíos económicos, técnicos y regulatorios que aglomera el país, se suma un sector privado históricamente relegado de la minería uranífera. El antiguo Régimen de Minería (decreto-ley 22.477/56), del año 1956, otorgó a la CNEA el control total sobre los minerales nucleares, con el objetivo de asegurar el autoabastecimiento y mantener el control estratégico del recurso. Los particulares sólo podían operar mediante contratos con el organismo, que además actuaba como único comprador del mineral producido. Este régimen de contratos no generó los incentivos necesarios para promover el descubrimiento de nuevos yacimientos y, en interacción con diversos factores de índole económica, condujo a un progresivo deterioro de la actividad minera de uranio a lo largo de las cuatro décadas posteriores a su implementación. En este contexto, la participación del sector privado en calidad de contratista se redujo de manera casi total, mientras que las actividades de prospección, exploración y explotación quedaron progresivamente concentradas en la CNEA.

Dicho régimen legal fue modificado por la reforma del código de minería de 1995, terminando de convertir los minerales nucleares en sustancias concesibles a los particulares.

Proyectos actuales

Según datos de la Secretaría de Minería, actualmente existen diecisiete proyectos de uranio declarados en el país, aunque muchos de ellos se encuentran apenas en etapas de prospección o exploración inicial. Esto significa que su sola inclusión en los registros oficiales no implica que todos sean técnica o económicamente viables, ni que su desarrollo pueda justificarse en el corto plazo. En consecuencia, es esperable que solo una parte de estos proyectos avance hacia etapas más maduras y que no todos lleguen efectivamente a la fase de producción.

De estos, aquellos que se encuentran con mayor grado de avance o potencial son Amarillo Grande, en estado de evaluación económica preliminar (provincia de Río Negro); Cerro Solo, en estado exploración avanzada (provincia de Chubut); y el Complejo Minero de Sierra Pintada, en estado de factibilidad (provincia de Mendoza). Este último constituye un caso paradigmático, por ser el único complejo que cuenta con una licencia otorgada por la Autoridad Regulatoria Nuclear, la cual le concedió en 2024 una licencia de parada prolongada.

Teniendo en cuenta el contexto hasta acá descrito, se abre una serie de preguntas en relación al accionar del país y al uranio. ¿Puede Argentina explotar uranio? ¿Es conveniente que lo haga? ¿Con qué objetivo?Si bien no hay respuestas únicas, intentaremos esbozar algunas cuestiones a tener en cuenta.

El puede

Bajo las condiciones actuales, sin una hoja de ruta definida claramente resulta difícil que pueda desarrollarse un sector uranífero argentino de manera sostenible. 

Si bien las tareas de prospección y exploración pueden concretarse con la inversión adecuada, el verdadero desafío radica en implementar una política nuclear que permita generar valor agregado dentro de las etapas del ciclo del combustible nuclear.

Esto implica resolver cuestiones aún pendientes vinculadas a la fase minera e industrial temprana: la infraestructura provincial necesaria para abastecer a los complejos minero-fabriles; la localización de una planta de concentrado y su articulación con la planta de conversión de Córdoba; la capacidad tecnológica de esta última para procesar volúmenes crecientes; y las restricciones logísticas derivadas de atravesar provincias autodeclaradas “no nucleares”, como La Pampa y San Luis.

En paralelo, y como parte de una discusión más amplia, será necesario definir la estrategia nacional respecto del enriquecimiento de uranio. Este proceso, altamente costoso y tecnológicamente exigente, exige claridad sobre el volumen futuro de producción de uranio y sobre el rol que Argentina quiere ocupar en las etapas de mayor valor agregado del ciclo nuclear.

En el plano económico, si bien en el siglo pasado la CNEA lideró la producción de uranio a través de ocho complejos minero-fabriles, en la actualidad resulta indispensable promover asociaciones con el sector privado que motoricen el sector. A esto se suma que pocas empresas nacionales cuentan hoy con las capacidades técnicas y el know-how necesarios para participar en este tipo de desarrollos.

En el plano regulatorio, el Código de Minería vigente establece en su artículo 208 que el Estado nacional contará con la primera opción para adquirir, en condiciones de precio y modalidades habituales del mercado, los minerales nucleares producidos en el país, así como sus concentrados y derivados, conforme a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo. Sin embargo, esta prerrogativa nunca fue desarrollada normativamente. En la práctica, no se han definido los procedimientos, plazos, criterios ni el organismo competente para ejercer dicha opción. Esta falta de reglamentación genera un vacío operativo y jurídico que impacta en la previsibilidad del sector. Al no existir definiciones claras sobre el procedimiento para el ejercicio de la primera opción de compra, la norma resulta en la práctica inaplicable. Esta indeterminación introduce incertidumbre tanto para los titulares de los proyectos, que desconocen cuándo y bajo qué condiciones el Estado podría intervenir, como para eventuales inversores privados, quienes carecen de un marco estable para evaluar riesgos comerciales y regulatorios.

A estas cuestiones se suma un entramado normativo complejo, en el que conviven regulaciones nacionales y provinciales que condicionan el desarrollo no sólo de la minería de uranio, sino de todo el ciclo de combustible nuclear. A nivel provincial, Chubut y Mendoza mantienen legislaciones restrictivas que limitan la actividad minera uranífera, generando un escenario de asimetrías regulatorias entre jurisdicciones¹.

A este panorama hay que agregarle la falta de apoyo de la sociedad en varias provincias con potencial uranífero, la indefinición sobre la responsabilidad de la remediación ambiental ante la falta de una ley nacional de cierre de minas y la gestión de los residuos derivados de la minería del uranio.

Si estas cuestiones no se enmarcan dentro de un objetivo general para desarrollar todo el ciclo del combustible nuclear, el sector uranífero podrá desarrollarse, pero sólo como un enclave aislado, sin articulación con el resto del sector nuclear y con un horizonte de explotación limitado en el tiempo. 

Producir para qué

Para comenzar a pensar en la solución a todos estos obstáculos, primero se debe responder la pregunta para qué Argentina explotaría sus recursos uraníferos.En el abanico de respuestas a esa pregunta, lo primero que emerge es la oportunidad de abastecer la demanda interna. En segundo lugar, aparece la posibilidad de desarrollar las etapas que dan valor agregado al uranio, por ejemplo, aumentando la capacidad de la planta de conversión o adecuándola tecnológicamente a la demanda de compradores globales. 

Sin embargo, esto será posible y una oportunidad sólo si se tienen políticas sostenibles a largo plazo. La decisión de avanzar en el desarrollo de estos proyectos requiere garantizar la continuidad de las actividades de exploración y explotación, entendidas como parte de un proceso progresivo y articulado que aseguren la disponibilidad futura de recursos. Esto implica asegurar que las etapas iniciales de prospección y evaluación conduzcan efectivamente a fases de producción, estableciendo así un ciclo sostenido, coordinado y planificado de desarrollo uranífero en el país.

¿Cómo se podría comenzar?

Se plantean algunas ideas para empezar a definir una hoja de ruta, como parte de un proceso sistemático, intentando aportar ideas al qué (hacer)más que al cómo (hacerlo):

1. Conformar una Consejo Federal Nuclear: resulta prioritario establecer un espacio institucionalizado permanente con representación de las provincias con potencial en las diferentes etapas del ciclo del combustible nuclear y la generación nucleoeléctrica. Esta mesa permitiría coordinar políticas y armonizar criterios técnicos y regulatorios, promoviendo una visión federal del desarrollo nuclear.
2. Avanzar en la reglamentación del artículo del Código de Minería referido a la primera opción de compra de minerales nucleares, así como en la sancionar la Ley Nacional de Cierre de Minas, a fin de otorgar mayor previsibilidad y seguridad jurídica al sector.
3. Promover alianzas estratégicas entre el Estado y el sector privado:el conocimiento técnico acumulado, por ejemplo por la CNEA, puede ser una base sólida para asociaciones público-privadas que combinen la experiencia científica con la capacidad financiera y operativa de empresas locales o extranjeras para acelerar la reactivación del ciclo del combustible nuclear.

Para finalizar

En definitiva, la cuestión no se limita a determinar si la Argentina puede extraer uranio, sino para qué y bajo qué modelo de desarrollo. Reactivar la minería uranífera sin una política integral que articule exploración, valor agregado, gestión ambiental y participación social sólo conducirá a los mismos obstáculos del pasado. 

El desafío, entonces, es definir si el país aspira a un esquema de autoabastecimiento y desarrollo tecnológico, o si quedará reducido a un papel marginal en la provisión global de un recurso estratégico.

Notas

1. Todas las provincias del país han limitado o prohibido la actividad nuclear mediante leyes o reformas constitucionales, en abierta contradicción con el marco legal nacional que otorga al Estado Nacional la rectoría del sector. El origen de este fenómeno puede rastrearse en 1984, cuando el municipio de El Bolsón, en la provincia de Río Negro, se declaró “Zona No Nuclear”. Lo que comenzó como una declaración de carácter simbólico derivó en un entramado normativo que hoy abarca a todo el territorio nacional. La Energía Nuclear en Argentina y su Encrucijada Político-Legal, Thomas Viscovich, Gonzalo Aranda ↩︎